domingo, 17 de marzo de 2024

LA CRIMINALIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS- Por Jorge Rendón Vásquez

 




LA CRIMINALIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS

Por Jorge Rendón Vásquez

 

La pertenencia a una sociedad crea un conjunto de derechos y obligaciones a los que todos deben atenerse y con mayor razón si todos son esencialmente iguales ante la ley que se dan para convivir en sociedad.

El derecho subjetivo o de cada persona implica la titularidad o la posesión de un bien o de un servicio o la expectativa de recibirlo de otro. Recíprocamente, la obligación consiste en la abstinencia de privar a aquel de su derecho o en la exigencia de entregarle el bien que le hubiera dado o su equivalente o de prestarle el servicio al que se comprometió. De allí que no haya derecho sin obligación, ni obligación sin derecho. Ambos son términos unidos, contrapuestos y equivalentes.

Entre los derechos fundamentales de los seres humanos se hallan la vida y la integridad física y mental, y la propiedad.

Hay, sin embargo, personas que se inclinan a no cumplir las correspondientes obligaciones inherentes a esos derechos. Y ello quiere decir que los privan de sus derechos o los vulneran de diversos modos. En otros términos, les quitan la vida o los hieren y se apoderan de sus bienes contra su voluntad.

La humanidad ha evolucionado en la consideración y aplicación de las sanciones a esos infractores. En los primeros tiempos las sanciones se basaron en la ley del Talión por la cual si una persona había matado a otra debía ser también privada de la vida, o si le había causado un daño corporal debía ser objeto de otro daño igual, o si le debía algo se le desapoderaba de una cantidad de bienes equivalentes para dárselos al titular del derecho o si no los tenía se le recluía en una prisión o se le imponían ciertos trabajos forzados.

Durante muchos siglos, la pena de muerte les fue aplicada a cuantos cometían delitos contra la vida, la propiedad y la autoridad de los reyes o se apartaban de los dogmas religiosos. Cabe suponer que cuando en la localidad alemana de Hammelin, hacia el 1200, se vieron obligados a contratar a un flautista que les aseguró que tocando su flauta se llevaría a las ratas que asolaban ese territorio y las ahogaría en el río, como dice el cuento El flautista de Hammelin, de lo que, en realidad, se trataba era de exterminar a los ladrones.

Luego de la Revolución Francesa de 1789, la sociedad, sin renunciar a la pena de muerte por lo delitos contra la vida, prefirió privar de la libertad por ciertos períodos a quienes hubieran infringido los derechos de otros, aunque condicionando su aplicación a ciertos procedimientos que debían seguirse al pie de la letra. Desde mediados del siglo XX se comenzó a abandonar la pena de muerte y a reemplazarla por la privación de la libertad.

Luego apareció una tendencia que asoció la privación de la libertad de los infractores a la idea de su corrección para convertirlos en personas de bien. Algunos criminalistas y penalistas de cátedra estimaron que la criminalidad podía reducirse, apelando a un cambio en la conciencia de los infractores, asociado al tiempo que pasaran en las prisiones.

Sin embargo, con este método, no se han obtenido los resultados esperados y la criminalidad aumenta, y, en algunos países incluso muy desarrollados económica y culturalmente, en proporciones incontrolables.

¿Por qué?

En primer lugar, porque en toda sociedad hay un porcentaje de personas que tienden a la comisión de delitos contra las personas, la propiedad, el Estado o la sociedad en general: matan, hieren, se apoderan de la propiedad ajena, extorsionan, trafican con productos prohibidos, o hacen, en general, lo que alguna ley prohibe.

A ello se añaden las insuficiencias educativas y de formación, la corrupción, la pobreza, las enfermedades mentales y la necesidad que predisponen al delito a cierto número de personas.

 También interviene el ambiente favorable de ciertas sociedades a la promoción del delito. Tal lo que ocurre en ciertos Estados cuya población de todos los estratos sociales y edades se ha habituado al consumo de drogas, creando un gran mercado altamente rentable a pesar de los riesgos. No se sanciona en ellos el consumo de drogas que es la causa, sino su producción y comercialización, de espaldas a la economía de mercado en la cual la demanda crea la oferta.

Otro floreciente vivero del delito es la confiscación ilegal de los recursos del Estado, la exacción a los particulares por políticos y funcionarios de todo nivel y la muerte y abusos contra los que protestan, prevaliéndose del ejercicio del poder.

Como un reflejo de las sociedades delincuenciales, la literatura y el cinematógrafo han hecho de los delitos y los delincuentes sus temas preferidos y, ahora, casi únicos. Los criminales, sus técnicas y artimañas son los actores principales frente a los cuales los detectives y policías solo triunfan por algunas disposiciones rectoras de esos relatos. Viendo esas películas y series o leyendo esas novelas muchos expectadores y lectores no pueden ocultar sus simpatías por los malos y su deseo de que tengan éxito. Es evidente que algunos o muchos de ellos se predisponen, aun sin advertirlo, a incursionar en la aventura del delito. Es como la droga, cuya primera dosis puede atrapar para siempre en el escenario de esas sociedades en decadencia.

La privación de la libertad de los delincuentes no ha resuelto el problema de la criminalidad. Al contrario, las cárceles, hacinadas sin límites, siguen siendo ambientes de barbarie y perfeccionamiento de una gran parte de los recluidos. Prescindiendo de esta realidad, en el Perú los legisladores siguen creyendo absurdamente que alargando las penas, incluso por delitos nímios, se reducirá la delincuencia. Es lo opuesto: esta aumenta y, en consecuencia, lleva a los políticos con esas ideas, que controlan el Estado, a preferir la construcción de cárceles en lugar de escuelas.

Hemos desembocado a una situación en la que los delincuentes se han convertido en pensionistas del Estado, puesto que este los alimenta y alberga gratuitamente, amén de los gastos en policías, fiscales, jueces y personal auxiliar. Junto a ellos se ha desarrollado extraordinariamente la industria de la defensa jurídica de los delincuentes, por el número de estos y la elevada tasa de ganancia que reporta, una profesión cuyo éxito y respetabilidad, para algunos, se mide por la cantidad de delincuentes que lograr liberar o impedir que los condenen. Hace muchos años, un abogado penalista, ya bastante obeso, pero que en sus tiempos de rebelde estudiante universitario había sido muy delgado, me dijo que la libertad costaba. Aunque no me dio más explicaciones, lo entendí. Para empezar, cuando me lo dijo, cada trámite de libertad condicional costaba no menos de diez mil dólares y los delincuentes, sobre todo narcotraficantes, los tenían o mandaban procurárselos a sus complices en libertad. También, por ese tiempo, un presidente de la República, igualmente obeso, se dedicó a indultar a narcotraficantes con la empeñosa cooperación de los adláteres de su partido nombrados como sus auxiliares.

No hay estadísticas de la cantidad de delitos y delincuentes, detenidos, con procesos en curso, que duran una eternidad, y condenados, ni de la relación entre el número de agentes del Estado ocupados en la seguridad y el procesamiento de los delincuentes y el número de estos. Quizás, en algún momento, todos ellos lleguen a consumir la mayor parte del presupuesto público sin la obligación de devolverla.

Ante la insuficiencia del Estado, ya es posible advertir la privatización de la protección: servicios particulares de vigilancia e investigación, aparatos de detección de intrusos y alarma, intermediarios en la negociación, permisos para adquirir armas, legítima defensa. En Estados Unidos, por la Constitución, todos pueden comprar armas y portarlas.

Con la lógica de encerrar a los delincuentes para suprimir el delito en las calles, el presidente de la República de El Salvador Bukele los ha puesto en las cárceles por millares, desde los más peligrosos reclutados por las maras (bandas) hasta los ladrones de poca monta. Y ha tenido éxito. El delito ha desaparecido en El Salvador. No podrá, sin embargo, retenerlos allí para siempre. Cuando cumplan su condena, la justicia los libere o su gobierno termine recuperarán su libertad sin que Bukele pueda asegurar que saldrán redimidos. Por lo tanto, el problema solo ha sido envasado mientras él esté en el gobierno. ¿Sabe esto su sociedad o prefiere ignorarlo mientras disfruta de un momento de tranquilidad?

Ya se han pronunciado contra Bukele ciertos defensores de los derechos humanos, basándose en el presupuesto de que esos delincuentes los tienen y que deben ser respetados. No han dicho, sin embargo, si los delincuentes deben respetar los derechos humanos de sus víctimas. Y este es el tema central de la convivencia social. Los derechos humanos son de todos, y el delito implica la violación absoluta de los derechos de otros. A partir de allí queda entendido que la delincuencia es el apartamiento de la convivencia social. Cuando a comienzos del siglo XX, se debatía en el parlamento de Francia la abolición de la pena de muerte, uno de los diputados que se oponía convenció a sus colegas diciendo: Nos piden que renunciemos a la pena de muerte. Yo les digo: que los asesinos renuncien primero a ella. La pena de muerte fue abolida en este país recién en 1981, a propuesta del ministro de Justicia Robert Badinter, durante el gobierno de François Mitterrand.

En conclusión, el examen de la delincuencia debería ser replanteado como un tema conjunto de Sociología, Psicología, Economía, Pedagogía y Derecho, es decir como un tema fundamental de la Ciencia Política. El Derecho, en este caso, es un tema final y complementario que aporta la casuística delictiva. La clase, causas y duración de las penas corresponden a la Ciencia Política especializada en la criminalidad.

El cupo de delincuencia en la sociedad podría ser reducido elevando el nivel de educación de la población, dotando a esta de mayor igualdad en la distribución de la riqueza producida, elevando la formación de los agentes del Estado como servidores de la sociedad, instalando y desarrollando la noción de la solidaridad en todas las personas y reeducando a los condenados en prisión por el trabajo productivo y la cultura.

Si no se recurriese a estos u otros métodos similares y la plaga de la delincuencia se desbordase en el futuro, tal vez la sociedad se vea obligada a encontrar otros flautistas de Hammelin.

(Comentos, 17/3/2024)


sábado, 9 de marzo de 2024

EL DERECHO Y EL ESCÁNDALO DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA- Por Jorge Rendón Vásquez

 




EL DERECHO Y EL ESCÁNDALO DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Por Jorge Rendón Vásquez

 

Los romanos de la Antigüedad crearon dos aforismos para definir su sistema legal: Dura lex, sed lex y Dura lex, sed servanda que se traducen como La ley es dura, pero es la ley y La ley es dura, pero debe ser cumplida. Ambos expresan la naturaleza del derecho en todas partes y en todos los tiempos.

Irnerio y Beccaria precisaron la manera como las normas jurídicas deben ser aplicadas a los hechos de relación social al señalar que si los hechos ingresan dentro de los supuestos de la ley debe seguir la sanción; de otro modo, no.

Viene a cuento esto por la decisión de los miembros de la Junta Nacional de Justicia de aprobar la permanencia en esta de uno de ellos que ya había excedido la edad máxima para pertenecer a ella prescripta por la Constitución. Esta dice, en efecto, muy claramente: “Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere: 3. Ser mayor de cuarenta y cinco (45) años, y menor de setenta y cinco (75) años.” (art. 156º).

Ante esta anomalía, el Congreso de la República tuvo que intervenir, por disposición del art. 157º de la Constitución: “Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (ahora la Junta Nacional de Justicia) pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado por el voto conforme de dos tercios del número legal de miembros.” (art. 157º).

Hasta ahora solo han sido removidos una mujer que tiene más de 75 años y otro miembro de la Junta Nacional de Justicia. Los congresistas que no votaron por la remoción no han dado un argumento convincente. Y ello, porque han sobrepuesto la política a la ley, en pared con los diarios y revistas que aducen la inocencia de los miembros de la Junta Nacional de Justicia para contrariar a diversos grupos del Congreso. Lo que queda claro es que para ellos la Constitución puede ser dejada sin efecto cuando tiene que aplicarse a personas de su simpatía que la contravienen o, en otros términos, que la ley se cocina a la carta.

Los miembros de la Junta Nacional de Justicia han acudido a ciertos abogados (diz que constitucionalistas) quienes han “interpretado” las normas constitucionales pertinentes al gusto de sus clientes (dicen que por la plata baila el mono). Una de sus afirmaciones ha sido que los límites de edad para ser miembro de la Junta de Justicia solo se aplican para el concurso de ingreso a esta, y otra que su duración en el cargo es de cinco años sin condiciones. La Constitución no dice, sin embargo, que para postular a estos cargos se debe tener más de 45 años y menos de 75, ni que una vez nombrados sus miembros puedan quedarse en el cargo si cumplen 75 años. Lo que la Constitución establece muy claramente es que “para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere ser mayor de 45 y menos de 75 años”. Obviamente, durante los 5 años deben  estar entre esos límites de edad, y si cumplen 75 años años su mandato termina en ese momento.

Permanecer en el cargo más allá de la edad límite dispuesta por la Constitución tipifica del delito de usurpación de una función pública. Asimismo, la aprobación de esa permanencia por la Junta Nacional de Justicia constituye el mismo delito, ya que esta entidad no tiene esa función (Constitución, art. 154º).

Algunos de los abogados de los miembros de la Junta Nacional de Justicia son profesores universitarios. ¿Qué les enseñan a sus alumnos? ¿A qué nivel en la enseñanza universitaria del derecho han llegado?

Al que esto escribe no le fue fácil ingresar a la docencia en la Universidad de San Marcos en el primer concurso de esta de 1964, no por ausencia de méritos que los tenía de sobra, sino por la conspiración de ciertos profesores contra mi nombramiento por el Consejo de Facultad, pese a haber ganado yo el concurso. Me condenaban por mi vocación ideológica al servicio de las mayorías sociales, pero quedaron en minoría frente a los votos del tercio estudiantil y de varios profesores dignos de esta calidad. Luego, nunca se me ocurrió prevalerme de mi poder como docente para discriminar a mis alumnos. Al contrario, mis calificaciones han sido siempre objetivas y claras punto por punto respondido y sin dejar de entregarles sus exámenes. Fue el mismo mi comportamiento en los exámenes de fin de carrera, sustentaciones de tesis y concursos para el ingreso de profesores. Calificaba los exámenes, no a las personas, aquí y en el extranjero. Jamás la política y la ideología intervinieron en la formación de mi criterio. No puedo, sin embargo, decir lo mismo de otros: de estudiantes que rehuyeron someterse a mis exámenes y de ciertos profesores aleccionados en sus antros políticos. Pero allá ellos y su conciencia, si la tienen.

¿No les parece que la democracia, la igualdad de todos ante la ley y el Estado de Derecho no serían posibles sin las máximas Dura lex, sed lex. Dura lex, sed servanda?

(Comentos, 9/3/2024)


sábado, 2 de marzo de 2024

DEMOCRACIA: “SE HACE CAMINO AL ANDAR”- Por Jorge Rendón Vásquez

 


DEMOCRACIA: “SE HACE CAMINO AL ANDAR”

Por Jorge Rendón Vásquez

 

La democracia es un sistema por el cual los ciudadanos de un Estado–nación, considerados iguales ante la ley, deciden por su voto la forma de gobierno que quieren darse y eligen a quienes habrán de aprobar las leyes y administrar el Estado. Es, según una definición ya clásica, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo (Abraham Lincoln, Gettysburg, 1863). El pueblo es el conjunto de ciudadanos.

 

La democracia como noción

La noción de democracia ha sido plasmada en la ley fundamental del Estado o Constitución que todos están obligados a acatar como la condición de su pertenencia al Estado–nación.

La humanidad llegó a esta noción luego de milenios de creer que el poder de mandar en los imperios, reinos, principados y otras circunscripciones territoriales pertenecía a los reyes y a la nobleza por derecho divino, reconocido o santificado por los altos jerarcas de las iglesias. Las leyes y otras disposiciones obligatorias, casi todas arbitrarias entonces, emanaban de estos personajes, y los miembros del gobierno que ellos designaban las hacían cumplir de la manera más brutal, sobre todo cuando las aplicaban a las personas de más baja condición social. Casi todos los habitantes en esos tiempos creían que esa forma de gobierno era normal y que así debía ser, y colaboraban con los reyes, nobles, Iglesia y fuerzas represivas en la aplicación de las decisiones de estos, aunque fueran en su perjuicio.

Llegar a la implantación de las nociones de igualdad de todos ante la ley y de gobierno del pueblo por el pueblo en una parte creciente del pueblo le tomó a la intelectualidad burguesa europea más de doscientos años, luego de lo cual sus partidarios asumieron el poder del Estado y desde allí las aprobaron como leyes. En adelante, el Estado aseguró esta forma de ser social. Los países donde esto sucedió, hacia fines del siglo XVIII, fueron las colonias inglesas de América del Norte, convertidas en los Estados Unidos, y Francia. A estas nociones se asoció en Francia la vindicta de las clases subyugadas contra los reyes, nobles y sus sujetos que los habían tiranizado, resultante de su odio acumulado durante siglos, que entre 1789 y 1793 hizo rodar más de 50,000 cabezas.

Luego la noción de democracia fue asumida por los pueblos de otros Estados y se generalizó en el mundo, tras décadas de luchas, ejercicio y retrocesos.

 

El funcionamiento de la democracia

A la noción básica de democracia se añaden las que determinan su vigencia o cumplimiento efectivo, que exige: la creación en el Estado de ciertas dependencias encargadas de la organización de los actos de votación por los ciudadanos; la existencia de partidos políticos que postulan la representación de los ciudadanos; y la manera como estos entienden qué es la democracia y por quiénes deben votar en los comicios.

Por pequeña que sea la población de un Estado no es posible reunir a sus ciudadanos en asambleas. Deben haber, por lo tanto, ciertos órganos estatales encargados del reconocimiento de la ciudadanía, la inscripción de los grupos o partidos políticos, la organización de los comicios y la solución de las controversias. Los integrantes de estos órganos deben ser imparciales.

Tampoco es posible en los Estados, la elección directa por los ciudadanos de las personas que quieran que los representen. Han surgido para ello los partidos políticos con la función de presentar a los candidatos por los cuales deberán votar los ciudadanos para la conformación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y, en el Perú, de los gobiernos regionales y locales o concejos municipales.

Además, se ha hecho obligatorio el voto por la necesidad de fundar la dirección del Estado en la voluntad colectiva de los ciudadanos y porque la democracia no solo atribuye derechos sino también obligaciones, y una de las más importantes es la de participar en la conformación de los órganos electivos del Estado.

Sin embargo, en la realidad social, la democracia no se comporta tan esquemáticamente. Hay ciertos hechos que la distorsionan, dando lugar a la elección casi cautiva de ciertos candidatos cuyas intensiones difieren de las de sus votantes y, en muchos casos, son inconvenientes o perjudiciales para estos.

Uno de ellos consiste en que la noción de democracia en los ciudadanos no es unívoca. Depende de lo que cada uno crea que ella es y de la manera como considere que él deba o pueda intervenir. Y esto es muy variable: va desde la ausencia de esa noción en numerosos ciudadanos hasta un conocimiento teórico y práctico muy completo en algunos. Esto implica que la mayor parte de ellos decide su voto por la obligación de votar y, en gran medida, por la propaganda de los partidos más organizados y ricos y sus candidatos.

La realidad histórica demuestra que la mayor parte de ciudadanos, luego de las declaraciones de derechos del fines del siglo XVIII, se fueron sumiendo en el desconocimiento de la democracia, en la indiferencia ante ella y en la impotencia, y dejaron actuar a los grupos que asumieron el poder político o se quedaron en él más allá de los períodos legales, contra las leyes y la voluntad popular o respaldados por las armas del ejército y la policía. Tales fueron los casos emblemáticos de Napoleón Bonaparte, quien se coronó él mismo como emperador en 1804, y de los reyes en Francia en 1815 y 1830, y de los innumerables dictadores de América Latina y otras latitudes.

 

Los dos momentos de la democracia

En la práctica de la democracia hay dos momentos: el preelectoral y el de la actuación de las personas elegidas.

Los actores del primer momento son los partidos políticos inscritos. Son ellos los titulares de la facultad de seleccionar a los candidatos, inscribirlos en los registros pertinentes y organizar las campañas de propaganda para tratar de convencer a los electores de que voten por ellos. Legalmente, los partidos son conjuntos de ciudadanos que cumplieron los requisitos para obtener la personería política; en nuestro país, acreditar cierto número de afiliados, contar con cierto número de comités y locales, tener un ideario o programa y una dirección. En realidad, los partidos son creaciones de algunos grupos de las clases sociales para acceder al poder del Estado y, desde este, aprobar las leyes y otras disposiciones convenientes a los intereses de sus miembros, incluida la corrupción en algunos partidos. Como el costo de su funcionamiento: en organización, empleados, locales, viajes, hoteles, pago de derechos, propaganda y otros, es, por lo general, elevado, son los grupos de mayor poder económico los que pueden promoverlos y financiarlos. En cambio, a las clases sociales dependientes o a los grupos salidos de estas o identificados con ellas no les ha sido posible, por lo menos hasta ahora en el Perú, ni siquiera convencer al número de ciudadanos requerido para la inscripción de un partido político y, menos aún, para que cubran el pago de los gastos, con lo cual quedan fuera de la lid electoral. Los electores de las clases sociales de menores recursos con cierta conciencia política lo advierten y optan por otras opciones legalmente posibles que consideran menos malas.

En consecuencia, el primer momento de la democracia se caracteriza por las campañas de propaganda de los partidos políticos para convencer a los electores que voten por sus candidatos. La función de los electores es pasiva. Para obtener sus votos, desde comienzos de la práctica de la democracia han sido elaboradas ciertas técnicas basadas en la nula o insuficiente noción de democracia en los ciudadanos de las clases de menor poder económico, que conforman la mayor parte de electores, una forma de alienación y procedimiento comercial de manipulación. Su resultado es la elección mayoritaria de los candidatos de los partidos representativos de los grupos económicos de mayor poder. El caso más aberrante de esta manera de decidir de los electores fue el de Alemania en 1933 que invistió a Adolfo Hitler de la plenitud de poderes del Estado, decisión con la que él y su partido nazi precipitaron al mundo a la Segunda Guerra Mundial y al asesinato de más de seis millones de judíos por las tropas del ejército y las SS.

En el segundo momento de la democracia, los políticos que asumen la dirección de los órganos del Estado proceden a operar según los intereses de los grupos que los postularon o, desvinculándose de estos, de otros grupos o de sus conveniencias y ventajas personales, puesto que, según la Constitución, ellos representan a la Nación y no hay normas que ciñan ese mandato a los intereses y preferencias de quienes los inscribieron y tampoco a los de quienes les confirieron el mandato con su voto. En otros términos, los políticos elegidos reciben una autorización para legislar y gobernar como ellos quieran, o una carta en blanco regida por las exiguas normas de la Constitución sobre la manera de comportarse y sin la obligación de responder por sus votos y decisiones si transgreden sus compromisos y promesas.

En este momento, los electores pierden totalmente protagonismo. Su opinión queda en su fuero interno y, por lo tanto, deja de interesar. La contienda verbal en los órganos colegiados del Estado y en los medios de prensa tiene como actores a los políticos elegidos y a los periodistas, opinólogos y otros personajes que los sirven, que se atacan, malquistan, injurian y defienden: un espectáculo permanente que llena las páginas de los diarios y revistas y los espacios de la TV, y que se vende con los chismes de la farándula, el fútbol y la crónica policial. Es obvio que sus críticas y diatrivas jamás culpan a los electores que pusieron a esos políticos en los cargos estatales. Estos ya son nadie, y solo algunos los imaginan como remotos o fantasmagóricos testigos que declararán por sus votos en el próximo proceso electoral, aunque ya se sabe que en este la manipulación podrá imponer a otros candidatos.

En muchos otros Estados es también así, aunque en los subdesarrollados económica y culturalmente las transgresiones a la Constitución, disfrazadas frecuentemente con atuendos legales, son normales. Por lo demás, siempre les es posible a muchos políticos elegidos convalidar sus hechos ilegales, sobre todo su enriquecimiento ilícito y el de sus parientes y amigos a expensas de los caudales del Estado, valiéndose de los órganos judiciales y electorales proclives a apartarse de la ley y al impulso de abogados fértiles en sofismas.

 

¿Qué hacer, entonces?

La democracia podría avanzar hacia estadios de mayor conciencia en las mayorías electoras y de perfeccionamiento del mandato recibido por los políticos elegidos. El factor fundamental de su vigencia real es la conciencia que de ella tenga la mayor parte de la ciudadanía. Pero para ello deben concurrir varios factores: una educación acendrada y extensa de los niños y adolescentes; una información veraz y ausente de manipulación por los medios de prensa; un sistema de formación profesional compatible con el progreso material e intelectual de nuestra sociedad; una labor pedagógica del Estado, los partidos políticos democráticos y las organizaciones que se creen para este fin sobre el significado y el funcionamiento de la democracia; y una visión más realista en los intelectuales y estudiantes universitarios que a la larga lops mueva a la acción.

Los programas políticos deberían servir para la promoción de la economía, el aumento de la riqueza, la necesidad de dar empleo, una distribución más equitativa del producto, la eliminación de la corrupción, disponer de servicios públicos más extendidos y mejores, incluida una solución rápida y ajustada a las leyes de los conflictos legales, sin lugar para las utopías, sino solo para los cambios que la realidad social requiera.

 

Addenda

En nuestro país hay una grave anomalía concerniente a los partidos políticos y a los candidatos que ellos presentan. Luego de ser estos elegidos nada obsta para que se aparten del partido al que pertenecen o que desacaten sus disposiciones, no obstante que sin la postulación por ese partido no habrían podido competir, y perdiéndose de vista que son los partidos las agrupaciones con personería política y no sus candidatos. En todo caso, queda entendido que estos se comprometen a promover el ideario y los proyectos de sus partidos en el ejercicio de la función legislativa, ejecutiva, regional o municipal. Una exclusión del representante elegido del partido que lo postuló, por renuncia o causa grave legalmente definida, debería implicar su retiro de la función legislativa o de otro orden y su reemplazo por el accesitario declarado. Sería esta una manera de establecer cierto orden y limpieza en el funcionamiento de la democracia en nuestro país.

Además, por la importancia de las funciones electivas, se debería sancionar penalmente a los políticos elegidos que infrinjan la Constitución con sus votos y hechos.

(Comentos, 2/3/2024)


martes, 23 de enero de 2024

𝐗𝐈𝐗 𝐂𝐔𝐑𝐒𝐎 𝐃𝐄 𝐕𝐄𝐑𝐀𝐍𝐎 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐑𝐄𝐂𝐇𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐓𝐑𝐀𝐁𝐀𝐉𝐎 𝐘 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐑𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐋-UNMSM 2024

 


𝐗𝐈𝐗 𝐂𝐔𝐑𝐒𝐎 𝐃𝐄 𝐕𝐄𝐑𝐀𝐍𝐎 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐑𝐄𝐂𝐇𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐓𝐑𝐀𝐁𝐀𝐉𝐎 𝐘 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐑𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐋-UNMSM 2024


El Taller de Investigación de Derecho Laboral y de la Seguridad Social "José Matías Manzanilla" de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los invita a formar parte del XIX Curso de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, TODOS LOS LUNES desde este 29 de enero hasta el 18 de marzo del 2024.
📆 Horario: todos los lunes a las a partir de las 6:00 pm

📚 4 módulos:

* Derecho individual del trabajo
* Derecho colectivo del trabajo
* Derecho procesal laboral
* Seguridad social

8 sesiones

PRESENCIAL Y GRATUITO (previa inscripción)

𝗙𝗼𝗿𝗺𝘂𝗹𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝗰𝗶ó𝗻: 
https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%

tallermanzanilla.derecho@unmsm.edu.pe / tallermanzanilla@gmail.com



🔴 Lugar: Facultad de Derecho y Ciencia Política- UNMSM.

¡𝙇𝙤𝙨 𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧𝙖𝙢𝙤𝙨!

sábado, 9 de diciembre de 2023

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DOCTOR MOZART VICTOR RUSSOMANO EN LA CEREMONIA DE OTORGAMIENTO DE HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (1967)

 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DOCTOR MOZART VICTOR RUSSOMANO EN LA CEREMONIA DE OTORGAMIENTO DE HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (1967)

Todas las cátedras tienen la altitud moral de un púlpito.

Hay cátedras, empero, que por un sistema mágico de amplificación de los sonidos y de los pensamientos, transmiten sus lecciones más allá de los límites físicos que las rodean.

Es lo que ocurre en San Marcos. Cuando uno sube a la cátedra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, sube al púlpito de un templo. Es este, no otro, el Templo de la cultura universitaria americana: la cuna de la inteligencia, de la creación científica y de la búsqueda de los anchos horizontes del espíritu de nuestro continente.

Y desde ese púlpito no se habla, tan sólo, para esta Universidad. No se habla tan sólo para Lima y para el Perú. Se habla para toda la América. Y toda la América oye las voces de San Marcos.

Nadie le contesta el derecho histórico de la precedencia. Nadie puede disputar con ella el derecho actual de ser uno de los portabanderas de la vida americana.

Así, subo yo los peldaños de esta cátedra.

Lo hago en nombre de los juslaboralistas iberoamericanos, reunidos en un congreso internacional. Y el título que me confiere el encargo, que me brinda el privilegio, esta medalla que traigo sobre mi pecho: la Insignia sanmarquina de la cátedra "honoris causa", que me enaltece, porque hace de mí uno de vosotros: que me ennoblece. porque me coloca por encima de mí mismo.

 

La coincidencia de ser yo —dentro de todos los presentes— el único jusiaboralista iberoamericano honrado con la distinción suprema de la cátedra "honoris causa" de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, me transforma, en este momento, en el trazo de unión entre los homenajeadores y los homenajeados.

Y yo cumplo, conmovidamente, tal encargo.

Y recibiendo vuestro homenaje, yo lo transformo en homenaje a vosotros. En homenaje de los juslaboralistas iberoamericanos a la Universidad de San Marcos. En agradecimiento público por la obra de ayer: por la acogida que nos ha sido dispensada en este día: y por lo que de ella esperamos nosotros, los juslaboralistas, en el porvenir que se avecina.

¿Qué es lo que debemos a San Marcos, nosotros, los juslaboralistas? ¿Cómo vincular nuestras disciplinas —de formación reciente, como el Derecho del Trabajo: de formación recientísima, como el Derecho de la Seguridad Social— a las raíces históricas más hondas de la vida del continente americano?

Debemos a San Marcos, ante todo, la iniciación científica cuatro veces secular. El desvendamiento del horizonte iluminado. El comienzo de la formación cultural del Nuevo Mundo.

Debemos a San Marcos, aun, la audacia creadora. La iniciación espiritual de las "élites" y del pueblo. La vigilia de armas del advenimiento de la América Libre.

Debemos a San Marcos, el equilibrio del progreso cultural con bases en el producto de la creación universitaria. Después del impulso que renueva, la serenidad que ratifica y corrige, concluyendo la obra iniciada.

Debemos a San Marcos el coraje de la afirmación doctrinaria.

Nosotros, los Juslaboralistas, debemos, por lo tanto, mucho a San Marcos: porque nuestra especialidad está hecha de audacia, equilibrio y coraje.

El coraje, a un tiempo audaz y equilibrado, que, en el pasado, hizo temblar las estructuras económico-políticas del continente, por el papel actuante de las Universidades incipientes, es el mismo de que necesita el mundo jurídico actual, es el mismo que utiliza el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, para modificar, sustancialmente la estructura de la empresa; para rectificar las relaciones humanas, que en ella se establecen, entre trabajadores y empresarios: para ayudar a construir el mundo —distinto del de hoy, antípoda al de ayer— que es la obra común de las generaciones del siglo XX y de todos nosotros, profesores, juristas, estudiantes, trabajadores, empresarios, políticos, poetas, en una palabra: pueblo. Transformados todos en obreros de la grandeza del hombre.

Finalizo Sr. Rector, Sr. Decano, Sres. Profesores, Sres. Alumnos.

Finalizo como empecé:

Poniendo de manifiesto el orgullo de ser uno de vosotros, aunque tan sólo ad honorem.

Los fantasmas de vuestras grandiosas tradiciones pueblan estas paredes. Y son viejos conocidos nuestros. Ellos construirán, en el pasado, entre las nubes, cerca de las estrellas, los reinos de Machu Picchu. Y están construyendo en el presente, la carretera marginal de la selva. Ahora ellos nos tienden las manos. Nos acompañan y nos sirven de guía. Y nos apuntan algo que todos sabemos, pero que, aunque sea así, todos debemos repetir:

La Universidad es la arena del pensamiento libre. Es el punto de reunión de todas las ideas. Es la síntesis —en la expresión hegeliana— que asienta sobre el supuesto lógico de las tesis y de las antítesis. En la Universidad todas las ideas son válidas, hasta que se demuestre lo contrario. Todas las Ideas son respetables, aun cuando no sean válidas.

La Universidad acoge todas las concepciones. Las analiza y eterniza en el laboratorio del pensamiento crítico. Las adopta, las rechaza o, aun, sobre ellas, reconstruye, reedifica, reformula y crea. Pero, lo fundamental es que se aparte, siempre, de la concepción de que toda ideología es, en sí misma, digna de respeto.

Las ideas contrarias a las nuestras son respetables, no solamente porque son ideas, sino igualmente, porque son contrarias.

La yuxtaposición de las concepciones opuestas forma el grande mosaico de la Universidad Moderna: armónico, intrínsecamente armónico, en la diversificación formal de su dibujo.

Y ningún otro "campus" en la América Latina ha permanecido más abierto al juego de las opiniones, al encuentro de los contrarios, a la crítica y al libre-pensamiento, que el viejo y muy noble Colegio Mayor de San Marcos.

Honor a él, porque siendo así, ha sido una de las más poderosas expresiones de la libertad del pensamiento americano.

Cuéntase que cierta vez, un periodista cruzaba la aduana de un determinado país. El funcionario examinó su equipaje y descubrió en él una enciclopedia, de edición anterior a la última crisis política de aquella nación.

Rompió por eso, la página que contenía el elogio del líder destronado en la víspera y permitió, después que el periodista continuará su camino, sobre el mapa del mundo.

Pues bien.

Cuando la gloria, el renombre y el honor mismo de un líder nacional auténtico se deterioran y se consumen en el espacio de tiempo meteórico que separa dos ediciones sucesivas de la misma enciclopedia, no hay duda de que la libertad está hecha pedazos y de que el alma se está muriendo dentro de los cuerpos, lentamente, como lámparas que, poco a poco, se fueran apagando en la distancia.

A nosotros, al revés, restamos acá y ahora la certidumbre de que, por profundas que sean las tinieblas que nos envuelvan, San Marcos, si fuera necesario, en el momento debido, encenderá la primera cerilla.

Esa luz trémula y frágil, será siempre suficiente para encender las grandes llamas palpitantes.

Así como la libertad de pensamiento y de crítica ha de ser siempre suficiente para garantizar todas las demás libertades humanas.

DISCURSO DEL DOCTOR ULISES MONTOYA MANFREDI, DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNMSM EN EL II CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO DE TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (LIMA- 1967)

 


DISCURSO DEL DOCTOR ULISES MONTOYA MANFREDI, DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNMSM EN EL II CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO DE TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (LIMA- 1967)

Señor Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Señor Presidente del Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Señores Delegados,

Señoras y Señores:

El Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, mereció el patrocinio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la acogida de la Facultad de Derecho, que utilizó la oportunidad para propiciar la celebración de las Segundas Jornadas Latinoamericanas de Institutos universitarios de esas disciplinas Jurídicas.

En su doble acepción de Universidad como "universitas", es decir integración en sí de una universalidad de conocimientos, como por la distinta nacionalidad de estudiosos e investigadores concurrentes, el certamen que ahora se celebra satisface uno de los fines de esta casa de estudios, cargada de preclaras tradiciones, abierta a todas las inquietudes, dispuesta a participar en las tareas que demanda el proceso de mejoramiento espiritual y material del hombre.

El éxito del presente Congreso quedó asegurado, tanto por la calidad de quienes en él participan como por el temario propuesto.

 

La reunión de eminentes profesores universitarios, abogados y expertos en estas disciplinas sociales, concertados en un propósito común de estudio e investigación sobre el destino del hombre de nuestros días, tiene que concitar la atención general. Porque el derecho del trabajo concierne a una actividad tan necesaria como excelsa de la persona humana; y a través de la seguridad social, se persigue liberar al hombre, del temor frente a los riesgos que depara el Infortunio.

Para la Universidad de San Marcos hay motivos que confieren especial significación al Congreso. Por ser nuestra Universidad, la más antigua de América la que lo propicia; por el carácter mismo de los temas, que corresponden a disciplinas Incorporadas en los planes de estudio de varias de sus Facultades: por el lugar de privilegio que en el ordenamiento legal de los pueblos civilizados ocupan las normas sobre el trabajo y la Seguridad Social; porque la importancia y dignificación del trabajo se hunden en el fondo de remotas centurias de la historia patria; y por la participación que ha cabido a los hombres salidos de los claustros de San Marcos en el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores del Perú.

Los relatos de los cronistas sirvieron a Prescott, primero, y más tarde a Cunow y a Trimborn para presentar el panorama de la organización del trabajo en el Imperio Incaico: Luis Baudin, construirá sobre la base de esos relatos y de los aportes de la crítica histórica su "Imperio Socialista de los Incas".

Historiadores, sociólogos, economistas han coincidido en afirmar que en el período pre-inca, la agricultura fue la fuente de sustento de la población y la base de la organización social. Mariátegui, Basadre. Romero, Ugarte, Castro Pozo. Valcárcel admiten que el Incario utilizó la organización del "ayllu" familiar. que realizaba la explotación y aprovechamiento de la tierra dentro de un sentido democrático y mágico profundo.

Las tribus cuzqueñas, que conquistaron el Tahuantinsuyo, aprovecharon esa célula social y sobre ella construyeron. la unidad del Imperio. Los Incas respetaron y utilizaron las costumbres y la organización económica de los vencidos, orientándolas en servicio del Estado, pero como ocurre siempre en toda conquista, no pudieron sustraerse al acentuado espíritu de solidaridad y de asistencia, como derivación de la organización social comunitaria.

Para que se desarrollara un gran imperio socialista como el de los Incas, era necesario que los principios esenciales de su régimen social y económico estuvieran ya arraigados en los pueblos que lo constituyeron. El Incario aportó la organización estatal; introdujo el funcionarismo, la estadística, la utilización de cada hombre para los fines del Estado, unió lo local sin destruirlo.

Todo esto explica el carácter imperativo del trabajo durante el incanato. A todos interesaba la labor de los demás. Pero los Incas, con un claro sentido político no se limitaron a imponer penas a quienes incurrían en el delito de la ociosidad, sino que enaltecieron el trabajo. manteniéndolo dentro del sentido religioso tradicional, y rodeándolo con las solemnidades de la liturgia. El soberano en persona presidía las fiestas de iniciación de las labores agrícolas y era el primero en roturar el surco con una "takIla' de oro.

La conquista española trajo al Perú el sistema jurídico imperante en la Península, sometido en buena parte a un proceso de adaptación, que tuvo que considerar las circunstancias locales, intentándose la coordinación del Derecho Indiano. Capítulo fundamental fue el referente a la legislación social. Pero sus normas, insufladas del espíritu de conmiseración y de piedad cristianas para la raza oprimida. resultaron Inaplicadas en la práctica, produciéndose un patente divorcio entre la ley y los hechos.

Fundada la Universidad en el primer siglo de la dominación española, fue adquiriendo en el transcurso de su existencia, importancia creciente, no sólo en el campo académico, sino también en la vida pública, al punto. Que su historia se confunde en muchos momentos con la de la historia patria.

Durante gran parte de la época colonial, fue la Universidad centro de difusión clandestina de libros que la inquisición prohibía. Muchos de ellos fueron la semilla de las ideas de emancipación. En la Universidad habían de encontrar ancha acogida las corrientes revolucionarias que, desde allí se propagaban henchidas de fervor e investidas con la autoridad intelectual del claustro sanmarquino.

Durante la República. San Marcos ha cumplido a plenitud su rol de identificarse con el sentir profundo del país: ha mantenido lo que Jaspers considera la misión esencial de la Universidad, el "espíritu viviente", como inquietud que nacida del pueblo, en ella cobra claridad y elevación. Ha buscado la verdad, por todos los caminos, y ha señalado rumbos, en consonancia con las circunstancias históricas. Ha defendido la libertad, sin la cual no puede expresarse auténticamente el "espíritu viviente". que recoge los impulsos vitales, los enaltece y los pone en movimiento fecundo.

Las distintas corrientes ideológicas encontraron en San Marcos un clima de libertad, propicio al esclarecimiento. A las tendencias liberales y conservadoras, que se disputaron la adhesión del pueblo al mediar el siglo XIX. habrían de seguir más tarde otras doctrinas socialistas de los más diversos matices. Recientemente, se advierten tendencias practicistas orientadas hacia lo que se denomina la teoría del desarrollo, que excediendo el ámbito nacional, se proyectan hacia un proceso de integración regional, no sólo en el aspecto económico, sino también espiritual, cultural y científico, como fue destacado en la V Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina, celebrada recientemente en Lima.

En orden a los problemas que plantean las relaciones de trabajo, sin que pueda reputarse un antecedente de las modernas concepciones jurídicas, hombres prominentes de esta Universidad repararon hace tres siglos en las injustas situaciones generadas por las formas de trabajo entonces vigentes. Sin pretender refutarlo como precursor ni que pueda atribuírsele el propósito de intentar siquiera una legislación de protección, la realidad no podía ocultar sus misterios a la sensibilidad de Pedro Peralta, tres veces Rector de San Marcos, quien advirtió los agravios en los repartimientos, la esclavitud en el trabajo, la servidumbre oprobiosa de los Indios en minas y obrajes, que causaron la decadencia de la raza; el desdén por el trabajo manual, considerado como expresión de inferioridad social.

En la etapa republicana, sanmarquinos salidos de estos claustros harían sentir la fuerza del pensamiento universitario en defensa de la libertad y la dignidad de los trabajadores.

Unanue inspiró el decreto del Libertador San Martín de 12 de agosto de 1821, que proclamó la libertad de los esclavos nacidos en el Perú desde el 28 de julio de ese año. Como Presidente del Consejo de Gobierno, expediría el decreto regulando el trabajo agrícola, a cargo de los esclavos negros, implantando medidas humanas y protectoras: José Gálvez, paladín de la corriente liberal y humanitarista, como colaborador de Castilla, influyó decisivamente en la preparación del decreto aboliendo el tributo de los indios.

En el presente siglo, José Matías Manzanilla, Rector de esta Universidad, habría de introducir en nuestra legislación, el principio del riesgo profesional y las normas protectoras de la mujer y del niño, por primera vez en América; José Antonio Encinas, Rector también de esta casa de estudios, luchó por otorgar al empleado un régimen de amparo y protección, y Edgardo Rebagliati, iniciaría en forma orgánica el régimen de la seguridad social para obreros y empleados. Son muchos más los universitarios de San Marcos, que bregaron por la implantación de normas protectoras del trabajo; pero por ser tantos resulta lamentable no poder citar a todos.

En el momento actual, el derecho del trabajo tiene plena autonomía científica. como rama independiente del derecho común. Pero su carácter progresivo y dinámico lo proyecta hacia los nuevos campos de la seguridad social, que ya se anuncia como el derecho de inmediato porvenir, dentro de un proceso de transformación constante. Las formaciones del derecho, de que habla Duguit, fueron en gran parte originadas por la irrupción en la vida social de nuevos hechos, resultantes de los cambios económicos y sociales determinados por el industrialismo, el capitalismo, las grandes concentraciones humanas. Estas nuevas formas no cabían dentro de los marcos del derecho tradicional, generando lo que Morín ha llamado la rebelión de los hechos contra las leyes, es decir, de la vida contra las fórmulas.

Porque el derecho y, principalmente el derecho laboral, no es, galería de arte, como decía Demogue. Es vida humana objetiva, dirá Recasens Siches. O más definitivamente, el recordado maestro Pérez Botija, diría que es vida, vida actual y actualizada; no una necrópolis de normas carentes de vitalidad, que se contenta con alcanzar una vigencia formal.

Son los acontecimientos y no las decisiones deliberadas del Estado y de los ciudadanos, los que han guiado la dirección y el control de la vida económica, dice Myrdal, en su Estado de futuro.

Los cambios fundamentales, afirma Manheim en su Diagnóstico de nuestro tiempo, pueden imputarse en último término a que estamos viviendo en una sociedad de masas y el gobierno de éstas no puede lograrse sin una serie de intervenciones y mejoras en el campo de las técnicas sociales, económicas y políticas. Lo que pueda hacerse en el futuro depende de la naturaleza objetiva de las relaciones organizadas en la fábrica. Es decir, de las necesidades que tiene que satisfacer y en parte de las tendencias prometedoras de la nueva época que se esfuerza por responder a esas necesidades en una forma nueva.

La mirada hacia el futuro ofrece la perspectiva de un mundo en el que los cambios tecnológicos, sociales y económicos influyen poderosamente en el ordenamiento jurídico. Así lo confirma la experiencia histórica. Los descubrimientos científicos, el aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza, originaron la revolución industrial, las concentraciones urbanas, la formación en las grandes ciudades, la presencia de la masa como personaje histórico, que se impacienta y se rebela, al decir de Ortega. Pero no sólo las masas de población dan sentido a la época actual. También existen las grandes empresas que concentran grandes masas de capitales.

Este fenómeno de nuestros días, ha dado vigencia. según Roepcke, al superlativo, al gigantismo, a la megalometría, al culto a lo colosal, que caracterizan, un estilo de vida, el espíritu del siglo, y se manifiesta en una misma medida, en el crecimiento inaudito de la población, el imperialismo. el socialismo, el industrialismo, el monopolismo, el estatismo, la arquitectura monumental, el dinamismo técnico, los ejércitos de masas, la concentración de los poderes del Estado, las ciudades gigantes, el gregarismo y aun la ópera de Wagner. Al mismo tiempo que el humanismo, se ha ido perdiendo el sentido de los valores humanos y de los valores en general. La vida se ha deshumanizado y el hombre se convierte en juguete de fuerzas extrahumanas e implacables.

Los progresos constantes de la tecnología van a influir decisivamente en la estructura de las relaciones sociales. No es imposible que el empleo de la energía nuclear en la industria cambie la fisonomía de los métodos de producción y origine una desconcentración de los complejos industriales y la disgregación de las grandes masas proletarias.

Anota Shelenberger que en el pasado los cambios tecnológicos y socioeconómicos revolucionaron o destruyeron industrias, culturas, costumbres, niveles de vida. religiones, imperios y aun civilizaciones. No debe esperarse que los cambios cada vez más rápidos en el futuro inmediato, tengan menos influencia. Basta considerar solamente los progresos de la electrónica que sustituirá el esfuerzo físico y mental del hombre. mientras de otro lado, la población aumenta a un ritmo que se duplica cada veinticinco años, originando la explosión demográfica, que constituye lo que se ha llamado una de las "grandes mareas" en los asuntos humanos.

En esta circunstancia histórica corresponde al hombre de derecho procurar que los progresos gigantescos de la técnica y las formas de organización no influyan negativamente en la estructura de las relaciones de trabajo, desvinculándolas del valor de la justicia.

La paz social debe reposar en un orden legal que satisfaga la aspiración de los hombres de lograr el imperio de lo justo, eliminando de las relaciones intersubjetivas. los gérmenes de la violencia; que el nombre se vea libre de necesidades apremiantes; que se realice un reparto equitativo de los bienes; que los salarios sean suficientes. que las pensiones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte cubran los infortunios del trabajo y eliminen la angustia de la inseguridad.

La tarea es imperativa y es premiosa porque los progresos realizados por la tecnología son cada vez más veloces. Los investigadores científicos se organizan en equipos que cuentan con poderosos medios económicos. Se alienta la búsqueda de conocimiento. El progreso de los medios de comunicación actúa como multiplicador que al difundir los descubrimientos provoca otros nuevos, como una reacción en cadena. Se ha abierto paso a la que se llama "la revolución de la ciencia aplicada", y se ha dicho que conforme avance la ciencia, el futuro llegará más pronto.

Las conquistas médicas elevan el promedio de la vida, rompiendo los cálculos en que se basan los planes de la seguridad social. Mientras que, por otra parte, tendrá que buscar cómo satisfacer las necesidades de estos sobrevivientes de sí mismos. La consideración de estos temas no puede estar lejos de los hombres de hoy; menos de quienes por razón del oficio. "juslaboralistas". expertos en "seguridad social'', deben resolverlos.

El jurista tiene, pues, una enorme tarea por delante; y si quiere estar a la altura de los tiempos, no sólo debe proponer las fórmulas para realizar la justicia en el mundo de hoy, sino que debe prever las transformaciones que se vislumbran, para asegurar el imperio de la Justa convivencia entre los hombres.

Nunca como ahora se encuentra la humanidad ante una coyuntura que plantea el camino de la destrucción o el camino de la felicidad. Por eso es trascendente el papel del hombre de derecho de nuestro tiempo. Es el llamado a señalar las rutas hacia la comprensión y la armonía, a procurar que la adaptación de las leyes a los cambios futuros aseguren soluciones que satisfagan las necesidades de alimentación, vivienda, esparcimiento, el disfrute de los beneficios de la civilización. para que el hombre pueda mantener su integridad, su libertad, su dignidad.

El progreso de las ciencias no debe ser causa de temor o incertidumbre, presagios del aniquilamiento que anuncia el poeta que ve a la Tierra como un dado roído y ya redondo, que a fuerza de rodar por la aventura, se hundirá en el hueco de una inmensa sepultura. Los avances de la tecnología deben servir para que se cumpla el destino superior del hombre. Este es el acto de fe que se impone a la conciencia de los hombres de derecho y en especial a los laboralistas ibero-americanos, caballeros andantes de los tiempos nuevos, que sueñan con la justicia social y que bregan por su causa; quienes, para decirlo con los versos del cantor de América, llevan en el alma tres estrellas: el trabajo, que da fuerzas; la energía, que da audacia y el ensueño, que da gloria. Las tres gotas de sangre; los tres sellos de la herencia; los tres gritos de la raza.